Lo que el petróleo se llevó

Los grandes perdedores por la caída del precio han sido las empresas de servicios petroleros, de transporte y los hoteleros. Desaparecieron cerca de 20.000 empleos.

 

Despidos de trabajadores en las compañías de servicios petroleros, descenso hasta en un 50 % en la ocupación hotelera, y cientos de tractomulas y carrotanques estacionados en parqueaderos es el panorama que se ve por estos días en las regiones productoras de hidrocarburos.

Después de vivir años de auge, cuando los precios del petróleo superaban los 110 dólares el barril, llegó el periodo de vacas flacas a municipios y departamentos productores, tras el desplome de las cotizaciones, que está dejando a su paso cientos de damnificados.

Aunque las primeras afectadas son las productoras de crudo, por el fuerte descenso en sus ingresos, hay un sector que también está sufriendo este shock de precios. Se trata de las compañías que le prestan servicios a la industria petrolera (perforación, sísmica, obras civiles, ingeniería, transporte, catering, entre otras), que han tenido que salir de miles de puestos de trabajo.

Cálculos del sector estiman en cerca de 20.000 el número de empleos que se han perdido en los últimos meses por el fuerte apretón en los gastos de las empresas y el drástico recorte en inversiones.

Además, varias compañías están haciendo fila para declararse en insolvencia. Ante la Superintendencia de Sociedades llegaron a comienzos del año diez empresas de servicios petroleros, de las cuales dos se liquidaron –Perforaciones Sísmicas B&V y Sismografía y Petróleos de Colombia–. Las ocho restantes están en proceso de reorganización para tratar de salir adelante.

Sin embargo, firmas de abogados que manejan algunos procesos sostienen que las empresas en problemas son más –alrededor de 25–, y que en el segundo semestre del año el número se podría duplicar. Así lo señala Juan Carlos Urazán, de Urazán Abogados, quien dice que en los últimos años muchas compañías se sobreendeudaron para comprar equipos ante el boom que se avecinaba.

El superintendente de sociedades, Francisco Reyes, afirma que si bien en el último mes no ha ingresado ninguna compañía a estado de insolvencia, es posible que firmas pequeñas se hayan liquidado sin necesidad de pasar por la entidad. La Supersociedades viene haciendo un monitoreo permanente a las empresas del sector. Un análisis a los estados financieros de 147 compañías minero-energéticas reveló que los pasivos aumentaron 25 % el año pasado y las utilidades cayeron 45 %, al pasar de 20,2 billones de pesos a 10,9 billones.

Estas cifras demuestran el impacto por el desplome de los precios del crudo, en un sector que en los últimos años comenzó a tener un gran peso en la economía colombiana. La industria petrolera representa cerca del 6 % del producto interno bruto (PIB), emplea alrededor de 120.000 personas, que tienen salarios por encima del promedio nacional, y es la responsable del 28 % de los ingresos fiscales de la nación (regalías, impuestos, dividendos). Las exportaciones de hidrocarburos representan el 50 % del total de las ventas externas del país. Por eso, la caída tan acelerada del precio del petróleo, que pasó de 115 dólares el barril en julio del año pasado a menos de la mitad hace unos meses, causó un gran remezón en el sector a nivel mundial, del que no se escapó Colombia, que está entre los 20 países que producen más de un millón de barriles diarios.

Ecopetrol, que responde por cerca del 80 % de la producción de crudo, anunció un recorte del 25 % en su plan de inversiones para este año, que asciende a 2.700 millones de dólares. La semana pasada su presidente, Juan Carlos Echeverry, anunció una nueva estrategia: se invertirán 6.000 millones de dólares por año, en promedio, cifra muy inferior a los más de 9.000 millones de dólares anuales que se ejecutaban hace unos años. También redujo su meta de producción a 870.000 barriles diarios, frente a 1,3 millones de barriles diarios, en promedio, para 2020. Pacific Rubiales, la segunda en importancia en el sector, también anunció un drástico ajuste de más de 800 millones de dólares en sus inversiones. El impacto de estos ajustes ya se está sintiendo con fuerza. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, reveló que en los primeros cuatro meses del año la perforación de pozos cayó 82 % –pasó de 52 pozos en igual periodo del año pasado a nueve este año–. En cuanto a sísmica (actividad que permite determinar en dónde se debe perforar) se pasó de 10.000 kilómetros a tan solo 800 kilómetros, una caída del 92 %.

Crecen los problemas

Los mayores afectados con estos ajustes son los contratistas. En Colombia hay alrededor de 300 empresas medianas y grandes que prestan servicios petroleros. Sin embargo, en las regiones hay muchas pequeñas que tienen ‘el agua al cuello’.

Rubén Darío Lizarralde, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), reconoce que muchas empresas están pasando dificultades porque, además de la reducción de los contratos, tienen problemas de caja por la demora en el pago de facturas. Mientras que las compañías tienen que pagar nómina cada 15 días, deben esperar 60, 90 y más días para que les cancelen las cuentas. Pero, además, algunas petroleras les piden descuentos para poderles pagar.

Así lo afirma Julián Pertuz, gerente de High Quality Engineering (HQE), una empresa de servicios de ingeniería, quien sostiene que algunas petroleras están optando por renegociar contratos y pagos dependiendo de los precios del crudo. La empresa ha reducido cerca del 25 % de la planta de personal.

Un directivo de una empresa que suministra tubería para pozos, que pidió mantener su nombre en reserva, dice que su situación es más complicada porque ha tenido que salir del 60 % del personal. Señala que las beneficiadas con la situación son las compañías de factoring (compra de cartera) a las que tienen que acudir ante los problemas de liquidez.

Entre los empresarios que llevan la peor parte están los transportadores, que tienen cientos de carrotanques, tractomulas y camiones parados. El presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, dice que hace cuatro años, cuando se generaron expectativas sobre el auge petrolero, los transportadores comenzaron a comprar vehículos. Pero con el freno en muchos contratos, unido a los problemas de informalidad del sector, se estima que actualmente hay una sobreoferta de 7.000 carrotanques y tractomulas.

La situación en las regiones petroleras también es muy compleja. Ese es el caso de Casanare, departamento cuya economía depende en un 78 % de la producción de hidrocarburos. Carlos Rojas, director de la Cámara de Comercio del departamento, dijo que según un estudio realizado por la entidad están en riesgo 8.300 empleos en la región no solo por la menor actividad exploratoria y de producción sino por el impacto en comercio, restaurantes, hotelería y transporte. “Están afectadas directamente 173 empresas de Casanare por las problemáticas del sector petrolero ya que sus ingresos dependen en un 80 % de esta actividad”, sostiene Rojas.

Un estudio de Cotelco confirmó que en los destinos petroleros se ha resentido la actividad hotelera. Barrancabermeja, por ejemplo, pasó de una ocupación del 60 % a finales del año pasado al 52 %. En el departamento del Meta descendió del 61 al 35 % y en Yopal está por debajo del 20 %. En Puerto Gaitán la situación es compleja porque se construyeron cerca de 120 establecimientos hoteleros. Durante el auge petrolero se cobrar hasta 500.000 pesos diarios por una habitación y hoy se pagan 150.000 pesos.

En busca de salidas

Ante este complejo panorama los principales gremios del sector, entre ellos la ACP y Campetrol, han solicitado al gobierno tomar medidas urgentes para evitar que la situación se vuelva más crítica.

Rubén Darío Lizarralde, de Campetrol, afirma que ante la coyuntura internacional las petroleras colombianas sobrerreaccionaron y pusieron en marcha planes de ajuste muy drásticos, lo que, como un círculo vicioso, llevó a que los problemas se trasladaran a otros sectores. Recordó que la industria ha vivido momentos más complicados y ha salido adelante –durante los años 1976 a 2004 el precio promedio del barril fue de 24 dólares, menos de la mitad del precio actual–.

El superintendente de sociedades, Francisco Reyes, dice que si bien la situación es difícil no se puede hablar de crisis generalizada, menos ahora que los precios se están recuperando. Pero Lloreda sostiene que el leve repunte de las cotizaciones no es suficiente para que la exploración se reactive en el país. Por eso, entre el paquete de medidas que desde hace meses vienen considerando con el gobierno se encuentran poner en marcha incentivos fiscales flexibles que se activarían con la caída de precios y se desactivarían en caso contrario. “Sin incentivos tributarios no será factible reactivar la producción y exploración por encima del millón de barriles diarios, lo cual impactará más las rentas del país”, sostiene.

Lizarralde señala, por su parte, que la mejor forma de ayudar al sector es descubrir más petróleo, porque este se está agotando y alcanza para menos de siete años. El país debe hacer mayores esfuerzos en exploración off shore (mar afuera) y en yacimientos no convencionales (fraccionamiento hidráulico o fracking). Pero también piden agilizar las licencias ambientales que se demoran cerca de un año y mirar el tema de las comunidades, que se están convirtiendo en una piedra en el zapato para la actividad. Varios empresarios del sector dijeron a SEMANA que deben negociar con decenas de comunidades de pueblos y veredas para que los dejen operar y que los presionan para contratar mano de obra no calificada. “El gobierno tiene que ir a las comunidades para ver la realidad ya que, con la consulta previa, los que mandan no son el alcalde ni el gobernador sino la junta de acción comunal, los sindicatos y organizaciones al margen de la ley”, dice un empresario.

En torno a esta compleja situación, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, en un debate en la plenaria del Senado realizado la semana pasada, dijo que se está diseñando un programa de emergencia que incluye el pago de regalías variables para nuevas producciones, descuentos en regalías para yacimientos no convencionales, flexibilización en los contratos de exploración y agilización de las licencias ambientales.

Lo cierto es que el panorama petrolero tiene muchos nubarrones y mientras los problemas crecen a ritmos acelerados, las soluciones van a paso de tortuga. Llegó la hora de repensar el sector y de que las regiones productoras busquen alternativas económicas distintas al petróleo para depender menos de un solo producto, cuyos precios tan volátiles las tienen en jaque.

EL PRINCIPIO DE LA MAYORÍA Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS

El poder político en las sociedades se encarga de gobernar, es decir, de tomar decisiones que conciernen y afectan la vida de todos sus integrantes. Ahora bien, cuando las sociedades son grandes y complejas surge el problema de cómo unificar intereses y opiniones no sólo diferentes sino también, con frecuencia, contrarios. Dado que no es posible que este pluralismo contradictorio de intereses y opiniones sea superable absolutamente y que, de pronto, todos estén de acuerdo en lo que debe hacerse políticamente, es necesario que existan procedimientos que permitan unificar democráticamente a los ciudadanos y tomar decisiones públicas legítimas. Uno de estos procedimientos es el que se basa en el principio de la mayoría, que básicamente postula que, en ausencia de unanimidad, el criterio que debe guiar la adopción de las políticas y las decisiones es el de la mayoría de los participantes. Si el pueblo entonces no puede ponerse de acuerdo de manera unánime será necesario que sea su mayoría la que determine el curso a seguir.

Bien podría decirse, entonces, que el pueblo gobernante es solamente su parte mayor. Pero de hecho esto no es para nada exacto. En primer lugar porque la mayoría que decide no es ni debe interpretarse como una mayoría orgánica o sustancial, sino la mayoría contingente y temporal que resulta de un procedimiento de votación especifico. En otras palabras, las reglas del juego democrático presuponen que las decisiones se toman por mayoría, pero también que la mayoría puede cambiar. De ahí que se requiera de votaciones sistemáticas y repetidas, en las que los ciudadanos puedan optar por diversas alternativas, configurando así mayoría y minorías diferentes. Por ello, el hecho de que una alternativa obtenga el mayor número de votos en un momento determinado en modo alguno le asegura que en la siguiente votación lo volverá a lograr.

Además, la propia regla de la mayoría exige el reconocimiento de la necesidad y legitimidad de la existencia de minorías y, por consiguiente, de sus derechos, empezando por el de convertirse en una nueva mayoría. Lo anterior explica que los procedimientos democráticos sean incompatibles con una presunta dictadura de la mayoría: ésta no sólo es excluida por la naturaleza temporal e inestable de cualquier mayoría democrática, sino también porque no existe mayoría sin minorías. Sin estas últimas, en efecto, la propia legitimidad del gobierno de la mayoría pierde sustento y deja de tener sentido democrático, es decir, de expresar la voluntad popular.

De esta manera, la regla de la mayoría exige la participación de las minorías en la elaboración, aprobación y aplicación de las políticas. Siendo estas minorías un elemento esencial de la voluntad popular y de la legitimidad democrática, no sólo tienen derecho a existir y a tratar de convertirse en nuevas mayorías, sino también a influir en las decisiones públicas y en su control. En otras palabras, el gobierno o poder de la mayoría sólo adquiere legitimidad democrática estricta cuando reconoce e incluye los derechos y la participación de las minorías. Si estas últimas se vieran excluidas totalmente, optarían por retirarse haciendo perder sentido, como es evidente, a la propia regla de la mayoría.

De ello deriva que los gobiernos propiamente democráticos no sólo se basen en votaciones, sino también en negociaciones, compromisos y políticas concertadas. La presencia de las minorías, siendo esencial, adquiere así todo su significado en tanto interlocutores influyentes, legales y legítimos, de la mayoría gobernante. La discusión y la concertación de compromisos son, por ello, una dimensión consustancial e irrenunciable de la democracia moderna, que exige que la política sea concebida como una competencia pacífica entre adversarios que se reconocen legitimidad recíprocamente, y no como una lucha a muerte entre enemigos irreconciliables pues, como resulta evidente, mayoría y minorías han de estar de acuerdo, al menos, en dirimir sus diferencias democráticamente, es decir, apelando a la voluntad popular como criterio decisivo y renunciando, por lo tanto, a recurrir a la violencia o al fraude para imponer sus opiniones y/o intereses.

LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA MODERNA

La democracia moderna, como se ha visto, es ante todo un método, un conjunto de procedimientos para formar gobiernos y para autorizar determinadas políticas. Pero este método presupone un conjunto de valores éticos y políticos que lo hacen deseable y justificable frente a sus alternativas históricas el autoritarismo o la dictadura. Estos valores, a su vez, son el resultado de la evolución de las sociedades modernas, y pueden y deben justificarse racionalmente, mostrando por qué son preferibles y cómo pueden realizarse institucionalmente, lo que significa que no se trata de meras cuestiones de gusto que como es sabido son individuales y subjetivas- sino de cuestiones que pueden y deben debatirse pública y racionalmente, proponiendo argumentos razonables, tanto para entender sus características como para mejorar sus realizaciones.

Tres son los valores básicos de la democracia moderna y de su principio constitutivo (la soberanía popular): la libertad, la igualdad y la fraternidad. Para comprenderlos adecuadamente conviene considerarlos analíticamente, para después examinar sus relaciones de conjunto.

El dictador nazi era un orador excepcional y utilizó su capacidad de atraer a las masas.

El líder alemán Adolf Hitler ha sido, sin duda alguna, uno de los personajes más relevantes de la historia del siglo XX. El dictador nazi era un excelente orador y utilizó su capacidad de atraer a las masas para sus fines políticos y expansionistas que desembocarían en el conflicto armado internacional más grande de la historia, la II Guerra Mundial. Recopilamos algunas de sus frases más famosas que aportan luz sobre su personalidad xenófoba y su populismo.

“Ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad”.

"No es mi ambición esto de estar en guerra, pero sí lo es crear un nuevo estado nacional y social de la más alta cultura".

“Debe procurar que sólo engendren hijos los individuos sanos, porque el hecho de que personas enfermas o incapaces pongan hijos en el mundo es una desgracia, en tanto que el abstenerse de hacerlo es un acto altamente honroso”.

“Logré comprender igualmente la importancia del terror físico para con el individuo y las masas". 

"Quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia”.

"Cuando se inicia y desencadena una guerra lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria".

“Hay millones de huérfanos, lisiados y viudas entre nosotros. ¡También ellos tienen derechos! Para la Alemania de hoy ninguno ha muerto ni ha quedado lisiado, huérfano o viuda. ¡Tenemos la deuda con estos millones de construir una nueva Alemania!"

"Para poder continuar subsistiendo como un parásito dentro de la nación, el judío necesita consagrarse a la tarea de negar su propia naturaleza intima”.

"Con humanidad y democracia nunca han sido liberados los pueblos".

"Mañana muchos maldecirán mi nombre".

LA DEMOCRACIA

Definición

Etimológicamente, la palabra proviene del griego: δημοκρατία, "demos", pueblo, gente, y "kratos", poder, superioridad. La democracia es una forma de gobierno en la que se plantea que el poder político es ejercido por los individuos pertenecientes a una misma comunidad política, es decir a los ciudadanos de una nación. La preocupación central de una democracia auténtica consiste en garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas.

Su historia

Como sistema político, la democracia atraviesa varios períodos históricos hasta llegar al siglo XXI. Sus orígenes como regímen político pueden ser ubicados en el año 500 a.C., aproximadamente, en el contexto de los años de auge de la Civilización Griega. Esta sociedad planteó los primeros cimientos teóricos y prácticos de la democracia como sistema político y la practicó como forma de gobierno. Estas estructuraas apuntaron a garantizar la participación de amplios sectores de la sociedad en la toma de decisiones fundamentales para la comunidad; su asentamiento en pequeñas ciudades llamadas Polis permitió la conformación de instituciones políticas y de un sistema de participación. Por medio de ellas se aseguró la discusión constante sobre las leyes, normas y reformas aplicadas para mejorar el bien común de todos los ciudadanos de las Polis.

Los planteamientos iniciales de la democracia fueron recuperados, durante los siglos XVIII y XIX, por políticos, filósofos e intelectuales en el marco del proceso de constitución de los Estados-nación modernos en Europa. Como respuesta a los regímenes monárquicos y absolutistas, grupos de pensadores europeos plantearon la necesidad de un sistema político democrático cuyo objetivo fuera el de poner a disposición de los ciudadanos la designación de los gobernantes por medio del sufragio, pues se consideró que cada uno de los miembros de la nación estaban en la obligación y el derecho de intervenir en su propia forma de gobierno. 

Más adelante, durante el siglo XX, la definición de democracia comenzó a ser replanteada y diversificada con la consolidación del capitalismo como sistema económico, la conformación de nuevas comunidades políticas en otras regiones del mundo, el crecimiento de las ciudades, y la aparición de movimientos de masas con cuestionamientos frente al sistema democrático. Durante todo el siglo, la democracia recibió muchas críticas como sistema político por considerarse que no era suficientemente efectiva en garantizar la participación popular, y por ser, en muchas ocasiones, un sistema controlado únicamente por las élites políticas de cada país.

Principios de la democracia

A pesar de estos cuestionamientos, en la actualidad, la gran mayoría de países en el mundo adhieren a la democracia como forma de gobierno por considerar que es la forma de organización social y política que brinda las garantías necesarias para incentivar los principios planteados por la Revolución Francesa en 1789.

- Igualdad: Todos los hombres son iguales ante la ley sin importar su color de piel, sexo, religión o condición social.

- Libertad: Todos los ciudadanos pueden hacer aquello que no les prohíba la ley.

- Constitución: Conjunto de leyes que sean aplicables a todos los ciudadanos de un Estado.

- Representatividad: Los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos; el voto es el mecanismo que permite la representación de todos los ciudadanos en cabeza de unos pocos para que se puedan hacer cargo del gobierno.

Tipos de democracia

Existen diferentes tipos de democracia:

La democracia directa, en la cual el pueblo participa a través de asambleas, referendos o iniciativas ciudadanas.

La democracia liberal, interesada en la defensa de los derechos individuales y en la representación de los intereses ciudadanos por medio de agentes políticos participantes de las instituciones políticas.

La democracia representativa, en la cual los representantes del pueblo son escogidos por medio de elecciones libres, periódicas y organizadas por el propio Estado.

A nivel teórico, para que haya una democracia verdadera, se necesita de una confrontación de ideas, es decir que haya un sistema político que garantice la oposición. En la mayoría de los países esta oposición y confrontación ideológica se sostiene sobre un sistema en el que dialogan partidos políticos, gobierno y movimientos sociales, de acuerdo a la necesidad de incentivar la participación ciudadana.

Existen dos canales fundamentales a través de los cuales se pone en práctica la participación ciudadana en las sociedad democráticas; el primero es el de la representación y el segundo el de la participación directa. Entre más personas haya en un grupo, más difícil es hacer que todos se pongan de acuerdo para tomar una decisión. En el caso de un país con varios millones de habitantes, esto se hace virtualmente imposible. Por eso la democracia ha adoptado la figura de la representación, según la cual los individuos no participan en todas las decisiones colectivas, sino que participan en la escogencia de los representantes que se encargarán de tomar esas decisiones. Y para que la representación sea más sólida y rigurosa, nuestra democracia exige que esos representantes estén agrupados en organizaciones políticas que tengan unos proyectos, intereses, ideologías y puntos de vista definidos. Este tipo de organizaciones –denominadas partidos o movimientos políticos– constituyen una garantía para los electores, pues cuando se elige a un candidato que es miembro de un partido, se puede saber de antemano que esa persona, en su labor como representante en el gobierno, tendrá que ser fiel a los propósitos y principios del partido al que pertenece.
 

La democracia en Colombia 

En Colombia, el primer presidente elegido según el sistema democrático moderno fue el conservador José Vicente Concha, en el año de 1914. Hasta 1930, el sistema político no recibió mayores reformas para incentivar la participación ciudadana. Con la llegada de la República Liberal (1930-1946), la democracia planteada en la Constitución de 1886 se reformuló con la intención de modernizar el sistema y expandir la participación de otros sectores de la sociedad colombiana, como es el caso de los campesinos y los obreros. Hasta 1953, el país defendió orgullosamente una tradición de democracia civilista, al menos durante el siglo XX, en comparación constante con otros países de Latinoamérica en los cuales habían tenido lugar golpes militares, dictaduras y cierre de las instituciones democráticas. Ese año, con la llegada del general Gustavo Rojas Pinilla al poder a raíz de la violencia desbordada que vivía el país, se instauró una dictadura militar que duró hasta 1957, momento en el que la junta militar tomó las riendas del gobierno para hacer una transición política, una vez más, hacia el sistema democrático. 

Desde 1958 hasta 1974, se reinstauró el sistema democrático, pero controlado por el pacto del Frente Nacional, efectuado entre los dos partidos mayoritarios (Liberal y Conservador). En el pacto, representantes de ambos partidos acordaron la alternancia en el poder y la división de los cargos burocráticos, con el objeto de frenar los enfrentamientos violentos en el campo. Este período de la historia del país ha sido muy cuestionado por considerarse que no se ejerció la democracia en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, al menos a nivel institucional existieron los mecanismos para la participación de amplios sectores de la población. Otros problemas efectivamente sí afectaron la participación política y la consolidación de un sistema democrático fuerte y verdaderamente representativo, por ejemplo, la burocratización de las instituciones estatales, la férrea oposición de los partidos tradicionales a la organización de nuevos partidos, las formas de política clientilista y la corrupción de varios sectores de las élites dirigentes. 

A partir de 1974 se vuelve a elegir a los Presidentes mediante el uso del sufragio popular. Durante los años 80 y 90, el sistema político recibe críticas de varios sectores de la sociedad (movimientos sociales, académicos, organizaciones juveniles, guerrillas organizadas, el narcotráfico, etc). Con la Asamblea Constituyente de 1991, el país reformuló el sistema político y planteó una democracia representativa con varios mecanismos de participación popular. Este tipo de organización aseguró el sostenimiento de un sistema apoyado sobre tres ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. 

Nuestra Constitución Política de 1991 establece desde su primer artículo que Colombia es una República democrática y participativa, está asumido el reto y el compromiso de promover la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social. A través de toda una serie de herramientas consagradas en la Constitución y reguladas en las leyes nacionales, los colombianos podemos entablar una relación directa con las autoridades públicas, dar a conocer nuestras propuestas, presionar para que sean adoptadas, opinar sobre asuntos públicos, exigir el cumplimiento de las normas, vigilar la conducta de los dirigentes, tomar decisiones que nos afectan a todos o sancionar a los gobernantes que actúan de forma equivocada, entre otras formas de participación. Para ello, se han establecido una serie de mecanismos de participación que tienen la naturaleza de un derecho político fundamental, atribuido a todo ciudadano, con el objetivo de que cada uno pueda participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.